el Mirador
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Las
sierras de Tandil,
una lucha política por su preservación
Por Gonzalo
Olguín.
gonzaloolguin@yahoo.com.ar
Las
sierras de Tandil representan un atractivo turístico, pero a su vez
un punto de conflicto en la ciudad, a causa de la creciente explotación
por parte de las canteras. Si bien la problemática, existe desde hace
largo tiempo, adquiere mayor relevancia una vez que la ciudadanía toma
conciencia de la necesidad de preservar el patrimonio natural. El inconveniente
planteado alrededor de las sierras, lleva a que los ciudadanos conformen diferentes
entidades, que representan la preocupación de los vecinos acerca del
tema.
María Haydee Codino, Concejal por la Unión Cívica Radical
y Presidenta de la Comisión de Producción y Medioambiente, plantea
que el problema generado en torno a las sierras, difícilmente encuentre
una solución al corto plazo dado que existen diferencias muy marcadas
entre, la Municipalidad de Tandil y la Provincia de Buenos Aires, en cuanto
a cómo a bordar el asunto. El Municipio ve a las canteras como un espacio
de polución, mientras que la Provincia las ve como un lugar de producción.
Y dependiendo del lugar desde dónde se encare, la cuestión tendrá
diversas soluciones. Por ello tal diferencia representa, para Codino, un impedimento
para la conclusión del tema “al menos, por ahora”.
Un elemento clave para entender el asunto, son los roles que deben desarrollar
los diferentes actores, por un lado la Dirección de Minería
de la Provincia de Buenos Aires es la encargada de otorgar los permisos de
explotación de las canteras, es decir, decide si una cantera está
habilitada para abrir o no, mientras que por otro lado la Municipalidad de
Tandil, se encarga de otorgar los permisos comerciales. Siendo la Dirección
de Minería de la Provincia, la autoridad de aplicación y a su
vez dicha dirección sostiene una mirada productiva de las canteras,
difícilmente pueda quitársele a estas un permiso de producción.
En septiembre del año 2000, se crea el Convenio Marco, acuerdo tripartito,
conformado por la Municipalidad de Tandil, la Dirección de Minería
de la Provincia de Buenos Aires y las Canteras. Dicho convenio, es votado
en el Consejo Deliberantes y sale por mayoría no por unanimidad. El
acuerdo cuenta solamente con el respaldo del Partido Justicialista (actual
Frente para la Victoria) dado que tanto la Alianza (actual UCR) como la Multisectorial
(entidad compuesta por organizaciones vecinales) se oponen al mismo, definiendo
de esta manera, claramente perfiles políticos frente a esta cuestión
y miradas bien diferentes del tema. Por un lado la Alianza y la Multisectorial
con una perspectiva ambiental y el Partido Justicialista con un perfil productivo.
El convenio Marco establecía que las canteras debían tributarle
al municipio 4 millones de dólares, que se iban a destinar para la
utilización el arreglo de cordones y cunetas de la ciudad, como una
especie de devolución a la población. El Consejo Deliberantes
condona 2 de los 4 millones, haciendo de esta forma que las canteras deban
pagar sólo dos millones. El acuerdo a su vez determinaba que la Provincia
de Buenos Aires debía controlar y auditar el nivel de las voladuras,
por medio de un geólogo al cual la municipalidad debía pagarle
el sueldo, pero que respondía a órdenes de la Provincia. Las
voladuras tenían que ser anunciadas por las empresas al municipio y
al sindicato y a su vez se establecían días y horarios para
realizarlas. Otro de los puntos del convenio, es que el Consejo Deliberantes
decide sacar los seguros de caución, es decir, que en el caso de que
la cantera no cumpla con el pago de los 2 millones de dólares hay una
garantía que responde ante ello, pero que por disposición del
Legislativo son quitados. Por otro lado la Provincia se debía encargar
de hacer una red “inviolable se sismógrafos” que funcione
las 24 horas del día, para que hubiera sismógrafos en todas
las canteras y poder medir las ondas de las voladuras, teniendo de esta manera
la posibilidad de documentar día, horario, magnitud y afección
medio ambiental de las explosiones.
En diciembre del año 2003, se realiza una revisión de todos
los puntos establecidos en el Acuerdo Marco y se concluye que no se estaban
cumpliendo con lo ordenado por dicho convenio. La Provincia no proveyó
al municipio de los sismógrafos previstos, no aportó el vehículo
para que la persona encargada de auditar las canteras y sus explosiones, pueda
trasladarse. Desde el Consejo Deliberantes, se votó y con mayoría
del bloque radical, se cambió la tasa a la piedra, fijada por el acuerdo
en $ 0,13 sobre cada tonelada de piedra declarada y se aumentó a $0,50,
estableciendo un gravamen mayor a las canteras que están dentro de
la poligonal y uno menor a las que están por fuera de él, sobre
la tonelada extraída. Los estudios de impacto ambiental que debían
presentar las canteras, no sólo demoraron en llegar a Tandil, sino
que se repetían, lo único que cambiaban en la presentación
de los mismos, son los mapas, porque se va abriendo el lugar de explotación,
pero los textos en donde se explica qué es lo que se va a hacer, son
los mismos, “incluso los textos tenían las mismas faltas de ortografía
en los mismos párrafos” aclara una fuente oficial. Dando cuenta
que no hay una revisión de los mismos, sino que son presentados y aprobados
constantemente. Por lo tanto, se vota en el Consejo Deliberantes y se decide
dar de baja el convenio.
La cuestión tiene un alto grado de complejidad, en tanto que hay diversas
jurisdicciones interviniendo. Por un lado está la Ley Nacional de Minería,
por otro hay un Decreto Provincial que adhiere a dicha Ley y que establece
que la Autoridad de Aplicación depende de la Provincia de Buenos Aires
y a su vez la Ley de Minería tiene parámetros, de densidades,
de intensidades de voladuras, internacionales. Ahora la clave para entender
el eje central del problema, está en que en Tandil las canteras están
a 200 o 300 metros de la casa de un vecino, cuando en otros países
las explosiones se llevan a cabo en un área determinada para la producción,
alejada de la ciudad. Por ello, esos niveles de voladuras nunca van a ser
alterados porque se encuentran dentro de lo determinado por la ley, pero lo
importante es que tales niveles no se adecuan a lo que acontece en Tandil.
A partir de estas incoherencias, la Municipalidad de Tandil, comienza a reclamar
ante la Provincia de Buenos Aires mayor intervención y una revisión
de las leyes, para lograr una adecuación de la legislación a
la situación que vive la ciudad, velando por los intereses de los vecinos
y en la búsqueda de la preservación ambiental.
La postura adoptada por un sector de la dirigencia política de Tandil
incomoda a la Provincia de Buenos Aires y comienza una permanente discusión
en torno al conflicto, con cruces mediáticos y sobre todo con mucha
desinformación. Un buen ejemplo de la falta de información sobre
lo debatido, es lo dicho por la Ministra de Producción Provincial,
de aquel entonces, Débora Georgi, que el Intendente tiene la facultad
y la capacidad de inspeccionar, de multar y de ser “Autoridad de Aplicación”
fundada en una Ordenanza Municipal, que ya estaba derogada. Tal nivel de desinformación
llevó a que durante dos años no se hiciera absolutamente nada
y las canteras pudieran realizar voladuras sin ningún tipo de control.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, de la ciudad de
Tandil, se concibe a la actividad minera como lícita, legal y necesaria,
siempre que permita un normal desarrollo de la vida cívica, es decir,
que la intensidad de las explosiones no provoquen rajaduras en las casas de
los vecinos, que se mueva el suelo y tape los pozos de agua, como sucede en
Tandil. Ante estos hechos y la permanente denuncia por parte de la municipalidad
a la Provincia sobre lo que acontece en la ciudad, la Autoridad de Aplicación
respondió, que tales consecuencias se deben a la existencia en esa
localidad de movimientos sísmicos y no al trabajo de las canteras,
cuando en la ciudad nunca existieron ese tipo de fenómenos naturales.
En el año 2007, el gobierno de Daniel Scioli, toma la decisión
política de comenzar a trabajar en el tema y se empieza a trabajar
conjuntamente con el municipio de Tandil en la redacción de un proyecto
de ley, donde se trataba de terminar con la producción minera dentro
del área denominada “poligonal”, se denomina de esta forma
a la zona, formada por las rutas 226, 30 y 74. Dentro de ese espacio se encuentra
encalvada la ciudad y por tal motivo se busca terminar con la explotación
en ese lugar, fuera de ese espacio es correcta, es legal y lícita la
producción minera. En este trabajo Tandil, desde la Secretaría
de Obras Públicas y la Dirección de Medioambiente, aportó
todo el trabajo técnico y el conocimiento que hay del suelo e información
tributaria, para que la Provincia pueda avanzar en el proyecto de ley.
La confección de una nueva legislación se realizó en
un trabajo mancomunado entre el gobierno municipal y el provincial, se discutió
y se llegó a consensuar sobre lo que se debía presentar ante
las Cámaras de Diputados y Senadores, tal presentación quedó
archivada y nuca fue presentada ante las autoridades correspondientes. Desde
Tandil veían que este proceso no debería demorar, puesto que
la ciudad cuenta con un Senador Provincial del Frente para la Victoria, el
cual nunca asumió la responsabilidad del tema y que lejos de pugnar
porque dicho proyecto tome curso, redactó un nuevo proyecto de ley,
en cual se habla de reconversión y no de expropiación, por entender
que este procedimiento, implica un costo económico muy elevado y platea
también en lugar de un año, como está planteado en el
trabajo realizado entre la Provincia y el municipio, para el cese de los trabajos
de las canteras dentro de la poligonal, propone tres.
El estancamiento para la concreción de una nueva legislación,
la propuesta alternativa, que sólo sirve para confundir y politizar
aún más la problemática, sembraron malestar en el gobernación
de Tandil. Y más aún los vaivenes de la política del
gobernador, que en un primer momento declaró públicamente la
intención de expropiación y su actual pasividad ante el tema.
Existe la idea de que este conflicto podría resolverse en “una
noche”, siempre y cuando exista la voluntad política para hacerlo.
Este pensamiento sostiene que, la clave está en sacarle a las canteras
el permiso de explotación, haciendo que la sierra deje de ser una mina
y se convierta en un mero terreno. La sierra se transforma en una mina, en
tanto tiene la habilitación para ser explotada como tal. Esta situación
hecha por tierra el argumento de que es muy costoso terminar con la producción
minera, ya que la mina al pasar a ser un terreno y se vende por metro cuadrado,
y no por la superficie de granito susceptible de ser producida. Otro elemento
que vuelve a esta posibilidad viable, es el plan de reordenamiento territorial
que no permite la construcción en las sierras, con lo cual esos terrenos
no serían muy costos para la Provincia.
El incumplimiento de las canteras es evidente, no sólo porque se desarrolla
dentro de un área urbana y tiene consecuencias directas en los vecinos,
sino que también porque deberían por ley realizar vermas (escalones)
de 25 metros, esta altura se establece con la finalidad de plantar árboles
que tapen las zonas extracción y el árbol que se sugiere que
se plante es el eucapliptus que mide entre 25 y 30 metros y hay canteras que
tienen vermas de entre 120 y 130 metros. La producción desmedida llevó
a que gran parte de los cerros, no exista más. Un ejemplo de ello,
es el “cerro leones” dos sierras que tenían la forma de dos
leones y que la gente llamó con tal nombre, y que la extracción
de granito hizo que esos “leones” hoy no se puedan ver.
La mitigación de las sierras, recurso natural no renovable, es la forestación.
Hay una idea de contrarrestar el impacto visual que ocasiona la destrucción
de las sierras, con una cortina forestal, la propuesta es “tapar el problema”.
Sin intervención por parte de la autoridad competente, sin decisión
política, con una mirada meramente productiva sin conciencia del medio
ambiente, con intereses políticos que buscan ensuciar una gestión
municipal con claras políticas ambientalistas y conservadoras de los
derechos de los ciudadanos, no se vislumbra una solución que viabilice
medidas y legislaciones que sean beneficiosas para una ciudad que se constituyó
en torno a este maravilloso paisaje natural.
JULIO 2009
